[PDF] Resumen ejecutivo: Informe Anual 2019 de la Relatoría Especial

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Resumen ejecutivo: Informe Anual 2019 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH En un contexto de estigmatización y ataques digitales contra la prensa, persiste la violencia contra periodistas; también ha escalado la represión y la criminalización de las protestas

Al menos 27 periodistas y trabajadores de la prensa fueron asesinados en las Américas durante 2019 por

motivos presuntamente vinculados con el ejercicio periodístico, una dolorosa cifra que se mantiene dentro de la

tendencia de la última década en relación con los ataques graves a comunicadores. En efecto, se registraron

asesinatos de periodistas en Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala, Haití, Honduras y México. En Venezuela, Nicaragua

y Cuba, en tanto, se articula un ataque desde el Estado hacia periodistas, medios de comunicación independientes

y activistas opositores, a través de detenciones arbitrarias, así como distintas formas de censura y bloqueos de sitios

en internet.

La Relatoría Especial llama la atención en relación con la generalización en la región de una narrativa que

estigmatiza a periodistas y medios de comunicación, dirigida por altas autoridades públicas de modo intencional y

que es seguida de ataques coordinados en redes sociales. Esta práctica, presente en una diversidad de Estados -

incluso con gobiernos democráticamente electos-, incrementa el riesgo y la vulnerabilidad de los y las periodistas a

sufrir represalias, hostigamiento físico y acoso en línea.

La vigilancia de las comunicaciones digitales y el espionaje de medios y comunicadores también fue motivo

de denuncia en distintos países de la región, al tiempo que las investigaciones de estas prácticas no arrojan mayores

avances. En algunos países como Cuba, Colombia, Chile, Nicaragua y Venezuela persiste la implementación de

estrategias de control y vigilancia a las comunicaciones de ciudadanos en redes sociales.

Si bien algunos países han avanzado en establecer mecanismos para la prevención de la violencia y

protección a periodistas, así como políticas para la procuración de justicia en los crímenes contra comunicadores,

las cifras de impunidad frente a la sanción de estos ataques siguen siendo elevada. Sumado a esto, cuando

mandatarios o altas autoridades desarrollan un discurso que socava a la prensa o a los propios periodistas ponen en

riesgo de manera seria cualquier política o acción por parte de los Estados.

Preocupa a la Relatoría Especial que algunos países recurran a la censura directa mediante el cierre de

medios o la interferencia en medios de comunicación digital y también tradicionales, cuando son percibidos como

críticos, en especial en Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia. Un caso particular también ocurrió en Ecuador, donde

una radico crítica con las medidas del gobierno y a favor de las movilizaciones que se produjeron en el mes de agosto.

Los Estados miembros deben tomar en cuenta que el artículo 13 de la Convención Americana señala explícitamente

que el ejercicio de la libertad de expresión no puede estar sujeto a censura previa o a restricciones indirectas.

Pese a que varios países han avanzado en reformas legales de los delitos que protegen el honor y la

reputación de los funcionarios públicos, en algunos países de la región aún se utilizan los tipos penales que permiten

la criminalización del derecho a la libertad de expresión sobre asuntos de interés público. En Venezuela decenas de

periodistas que investigan corrupción o abusos de poder están sometidos a procesos penales y debieron salir del

país por temor a ser detenidos; mientras que en Perú una periodista tiene abiertos al menos cinco procesos judiciales

por difamación agravada en su contra, por sus investigaciones sobre miembros de una orden religiosa.

En esta misma línea de preocupación, la Fiscalía de Panamá abrió trámite a nueve querellas por la presunta

comisión de delitos de calumnia e injurias presentadas por el expresidente Ricardo Martinelli en contra de alrededor

de 40 comunicadores, directivos y dueños de la Corporación La Prensa (Coprensa), del Diario La Estrella y Radio

Panamá, entre otros. Asimismo, mientras que en México se habría condenado a un reconocido periodista a pagar

medio millón de dólares por supuesto daño moral a un ex gobernador.

El presente informe también da cuenta el incremento en las protestas sociales y manifestaciones

ciudadanas en distintos países de la región. La Relatoría Especial ha manifestado su alarma por el elevado número

de muertes, centenares de heridos y detenidos producto de la represión y uso excesivo de la fuerza por parte de

cuerpos policiales y militares en diferentes protestas y manifestaciones públicas, en lugar de privilegiar el diálogo

como respuesta a las demandas ciudadanas. En específico preocupa la situación observada en Bolivia, Brasil, Chile,

Costa Rica, Cuba, Ecuador, Haití, Panamá, Puerto Rico, Nicaragua y Venezuela. En Cuba y Nicaragua, es

particularmente grave que las autoridades han ordenado impedir de modo sistemático el ejercicio de la protesta y

manifestaciones, a través de declarar ilegales o disolviendo en forma violenta aquellas manifestaciones que llegan a

convocarse.

La Relatoría Especial saluda los avances en la incorporación de estándares del sistema interamericano en

materia de acceso a la información, sin embarco persisten retos para garantizar el acceso a la información en poder

del Estado, estadísticas, cifras y datos sobre graves violaciones a derechos humanos del pasado y también respecto

a las vulneraciones actuales. La Relatoría Especial ha observado con preocupación un incremento en la falta de

acatamiento de los funcionarios obligados, frente a las decisiones de los organismos que garantizan el acceso a la

información.

Finalmente, la Relatoría Especial destacada la colaboración de los Estados al facilitar información en las

visitas realizadas por esta oficina durante el 2019, que tuvieron como resultado un extenso análisis de la situación

de la libertad de expresión y la formulación de recomendaciones. También destacada la labor de las organizaciones

de la sociedad civil y medios de comunicación por el permanente apoyo y las informaciones ofrecidas durante todo

el proceso de producción del presente informe.

A continuación, presentamos una breve caracterización de los principales hallazgos en los países

monitoreados, sin prejuicio de que en el informe completo (link) se detalla la situación de los hechos

documentados en cada uno de los países del continente que pudieran constituir afectaciones o avances en materia

de libertad de expresión.

Antigua y Barbuda. Durante el 2019 en Antigua y Barbuda se denunciaron prácticas de diseminación de

desinformación en forma deliberada en el marco de las elecciones para el gobierno local de Barbuda. En agosto de

2019 el Senado aprobó una nueva enmienda a la Ley de Delitos Electrónicos [Electronic Crimes Bill, 2013], que

incorporó la posibilidad de solicitar una orden de registro para obtener datos de dispositivos electrónicos, de modo

de que puedan ser usados como prueba en eventuales procesos judiciales. A través de las últimas enmiendas a la

Ley, se ha dado mayor claridad a los delitos previstos en la misma, tales como el envío de mensajes ofensivos a través

de servicios de comunicación, la violación de la privacidad y la pornografía infantil, de modo de evitar restricciones

a la libertad de expresión.

Argentina. Durante 2019 la Relatoría Especial dio seguimiento con especial atención a diversos ataques,

amenazas e intimidaciones a periodistas y comunicadores, perpetrados tanto por particulares como por autoridades

y funcionarios públicos. Asimismo, persisten denuncias sobre el uso de la fuerza policial en el marco de protestas y

detención de manifestantes. Esta Oficina también fue informada sobre la denuncia penal presentada por el gobierno

contra la organización Greenpeace debido a una demostración realizada durante un acto oficial. Por otra parte, la

Relatoría Especial recibió información preocupante sobre la solicitud de una Fiscalía a un programa periodístico para

que informe los nombres de los periodistas involucrados en una noticia, decisiones judiciales que prohibieron a

medios de comunicación reportar sobre determinados temas, así como respecto a la condena impuesta por la Corte

Suprema de Justicia a una exdirigente gremial por sus críticas a un funcionario público. En esta línea, la Relatoría

Especial sigue con especial preocupación el procesamiento del periodista Daniel Santoro, por los presuntos delitos

Finalmente, la Relatoría destaca avances en la asignación de licencias definitivas a emisoras comunitarias de distintas

provincias del país. Del mismo modo, destaca el respeto a la libertad de expresión y la libre circulación de ideas e

informaciones durante el proceso electoral que transcurrió sin menores incidentes.

Bahamas. Durante el 2019, esta Relatoría Especial ha recibido con preocupación información sobre la falta

de avances respecto de la implementación de la Ley de Libertad de Información [Freedom of Information Act - FOIA],

que fue sancionada en el año 2017. Asimismo, se han registrado una serie de casos en lo que las autoridades han

denunciado penalmente a periodistas o han amenazado con hacerlo, bajo la figura de difamación [libel], para limitar

la libertad de expresión.

Barbados. En el marco de las elecciones generales de 2018, la electa Primera Ministra Mia Mottley habría

propuesto la introducción de un proyecto de ley para garantizar el acceso a la información pública, con el objetivo

de lograr una mayor transparencia y rendición de cuentas. Durante 2019, diferentes funcionarios han afirmado que

el gobierno se concentrará en que la legislación sobre libertad de información entre en vigor, indicando que es

necesaria una transformación completa de la forma en que se maneja la administración pública del país. Indicaron

que ya se han tomado una serie de medidas para lograr más apertura y transparencia, tal como las reuniones

informativas para la prensa luego de la reunión del consejo de Ministros. Hasta la finalización de este Informe Anual

dicho anteproyecto no fue aprobado.

Bolivia. Durante el 2019 Bolivia estuvo marcada por una crisis política que desembocó en la renuncia del ex

Presidente Evo Morales para luego dar lugar al interinato presidencial de la exsenadora Jeanine Añez. Durante más

de 20 días el país vivió una escalada de violencia que segó la vida de 35 personas en las denominadas masacres de

Sacaba (Cochabamba) y Senkata (La Paz) debido a tareas conjuntas entre las Fuerzas Armadas (FFAA) y la Policía

boliviana. De igual manera, se reportaron enfrentamientos entre manifestantes y vulneraciones a derechos

humanos de parte de grupos de ciudadanos movilizados durante un paro cívico realizado en diferentes ciudades del

país. A raíz de ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tuvo una visita de observación a Bolivia

desde el 22 al 25 de noviembre. Ante este contexto, la Relatoría Especial ha registrado la falta de garantía y seguridad

para el trabajo de periodistas, comunicadores populares y medios de comunicación. En esta misma línea, se recibió

la denuncia del posible asesinato del periodista argentino, Sebastián Moro, ocurrido en un escenario de crisis

generalizada tras las elecciones nacionales y el vacío de poder derivado de la renuncia del exmandatario Morales.

Asimismo, esta Oficina ha manifestado su preocupación por la persecución y hostigamiento de periodistas

independientes y comunicadores populares como son, el corresponsal de la Izquierda Diario, Carlos Cornejo, el

artista Leonel Jurado, el colaborador de La Jornada de México, Juan Trujillo, el estudiante de cine de la Universidad

Mayor de San Simón (UMSA), Alexander Fernández, los gestores de redes sociales, Orestes Sotomayor y Alejandra

Salinas, a traǀĠs del uso de figuras penales como son ͞terrorismo" y ͞sedición" . Asimismo, la Relatorşa Especial ha

llamado la atención de autoridades del gobierno interino frente los anuncios para cambiar el marco jurídico existente

a través de leyes que no son compatibles con las recomendaciones en cuanto a la libertad de expresión del sistema

interamericano de derechos humanos. Entre ellas, destaca el proyecto de decreto supremo s/n donde se estipula,

entre otros, el cierre y la re-asignación de pauta publicitaria al sistema de las Radios de los Pueblos Originarios (RPOs)

en Bolivia.

Brasil. La Relatoría Especial ha documentado durante el 2019 en Brasil un contexto de hostilidad hacia el

ejercicio del periodismo y el libre funcionamiento de los medios de comunicación. Las constantes declaraciones de

descalificación por parte de las altas autoridades contra periodistas y medios de comunicación socavan el rol de la

prensa. En un contexto de polarización del escenario mediático y de la narrativa en redes sociales se reproduce un

discurso estigmatizante hacia medios y comunicadores que han difundido información sobre la gestión del gobierno,

quienes son acusados de un presunto rol de oposición o parcialidad política. Las declaraciones y ataques contra la

prensa son particularmente graves, en tanto pueden agravar el riesgo de amenazas y violencia contra estos

profesionales y afectar la confianza que tiene la población en el periodismo como institución de la democracia.

Esta Oficina también observa diversas situaciones de amenazas contra los y las periodistas a causa de sus labores; y

en algunos de estos episodios han participado quienes se manifiestan partidarios del gobierno. Asimismo, se han

registrado dos asesinatos y actos de violencia contra periodistas por motivos presuntamente vinculados al ejercicio

de su labor. Por otro lado, persiste en Brasil el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía en el contexto de las

manifestaciones sociales y protestas. La Relatoría Especial ha tomado nota sobre actos de censura, especialmente

con respecto a expresiones artísticas y producciones sobre la identidad, orientación y diversidad sexual.

Chile. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el uso excesivo de la fuerza y

violaciones de derechos humanos ocurridas en Chile en el contexto de las protestas sociales que sacudieron al país,

lo que determinó víctimas mortales, miles de heridos, así como periodistas y camarógrafos agredidos tanto por

fuerzas policiales como por grupos violentos.

La Relatoría Especial llama en especial la atención sobre los ataques selectivos a camarógrafos y periodistas por

parte de fuerzas de seguridad durante la cobertura de protestas. Esta Oficina también recibió denuncias sobre la

existencia de presiones a comunicadores en canales de televisión estatal y medios privados. Además, se registraron

ataques e incendios de parte de grupos violentos contra distintas instalaciones de medios de comunicación en varias

ciudades del país.

Asimismo, se reportaron denuncias sobre detenciones ilegales y tortura, en las cuales se encuentran como víctimas

las poblaciones más vulnerables como son niños, niñas y adolescentes, además de ataques sexuales contra mujeres

y población LGBTQ.

Esta Oficina ha tomado nota sobre respecto a las iniciativas legales surgidas para restringir distintos aspectos de las

protestas, la Comisión recibió información sobre la presentación de un paquete de proyectos de ley que podrían

criminalizar el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho de reunión. La CIDH llama al Estado a no desarrollar

tipos penales que convierten en actos criminales conductas comúnmente observadas en protestas que, en sí

mismos, no afectan bienes como la vida, la seguridad o la libertad de las personas.

Colombia. Durante 2019 la Relatoría Especial observó con preocupación el excesivo uso de la fuerza en el

marco de las protestas sociales iniciadas el 21 de noviembre. Llama especial atención de esta Oficina una serie de

acciones que desembocaron en detenciones a periodistas, agresiones físicas y obstáculos que debieron enfrentar

los comunicadores durante las coberturas y registro de las protestas. La Relatoría Especial también ha tomado nota

de que los periodistas que realizan investigación se vieron sometidos a estigmatización de parte de dirigentes

políticos, rupturas de contratos y despidos en varios medios, lo que abre la preocupación sobre posibles efectos

inhibitorios para el ejercicio de la libertad de expresión.

Asimismo, se reportó el asesinato de cuatro comunicadores por motivos presuntamente vinculados al desempeño

profesional e instó a investigar estos casos sin descartar la hipótesis relacionada con el ejercicio de la profesión.

Finalmente, esta oficina destaca avances en el ámbito de Unidad Nacional de Protección de periodistas y en materia

de radiodifusión comunitaria. También se ha tomado nota sobre algunos avances en investigaciones de asesinatos

a periodistas, sin perjuicio de que aún existen casos pendientes que deben abordarse con debida diligencia y los

recursos suficientes para poner fin a la impunidad sobre crímenes perpetrados en años anteriores.

Costa Rica. Durante 2019, la Relatoría Especial observó una tendencia al incremento de agresiones contra

periodistas y medios de comunicación en contextos de protesta social. Asimismo, tomó nota sobre proyectos

legislativos que se encuentran pendientes de analizar por el Congreso y que establecerían regulaciones al ejercicio

del derecho a la libertad de reunión pacífica, cuyas disposiciones podrían afectar negativamente al derecho a la

libertad de expresión. Finalmente, esta Oficina saludó el fallo emitido el 9 de agosto por la sala de constitucionalidad

de la Suprema Corte de Justicia que reiteró la incompatibilidad con el derecho a la libertad de expresión que habría

sobre el requerimiento de la colegiación obligatoria o la obligatoriedad de afiliarse al Colegio de Periodistas para

poder ejercer el periodismo en el país.

Cuba. Las restricciones a la libertad de expresión, acceso a información pública y a la protesta han persistido

durante el 2019 en Cuba. El gobierno cubano habría recrudecido la represión sobre disidentes y opositores, el

hostigamiento, la persecución sistemática de periodistas independientes que difunden información y opiniones

sobre temas de interés público por fuera del control del Estado.

El acoso a periodistas, activistas, artistas y defensores y defensoras de derechos no es solo físico, sino también

psicológica, donde cobra relevancia la naturalización de los tratos humillantes cometidos como parte del control de

las fuerzas policiales y administrativas. En este contexto, la Relatoría Especial expresó su grave preocupación por la

condena a un año de privación de libertad por el delito de resistencia y desobediencia hacia el periodista de CubaNet,

Roberto Jesús Quiñones Haces, como consecuencia de su decisión de cubrir las audiencias de un juicio de interés

público.

La Relatoria Especial también han expresado su preocupación respeto a la posibilidad de la aprobación de nuevas

ejercicio de la libertad de expresión y la posibilidad de fundar medios de comunicación digitales. En esta misma línea

se encuentra el Decreto-Ley No. 349, el cual establece sanciones por el incumplimiento de la política cultural, y el

cual, según lo informado, habría agravado la censura de expresiones artísticas y la persecución de artistas en Cuba.

Dominica. Durante el 2019, el gobierno de Dominica solicitó asistencia para la realización de una reforma

electoral a la Secretaría de la CARICOM (CARICOM), la Secretaría del Commonwealth (COMSEC) y la Secretaría

General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA), que en agosto realizaron una Misión Especial

Conjunta en el país. Las tres organizaciones efectuaron una serie de recomendaciones, señalaron la falta de

personas habían recibido información suficiente y precisa que les permitiera comprender las cuestiones y formar

medios de comunicación públicos y privados. Según información de público conocimiento, el diputado Héctor John

y el hermano del líder del Partido de los Trabajadores Unidos Brian Linton habrían sido arrestados y acusados de

incitación en una reunión pública de dicho partido, luego de exigir que se lleve a cabo la mencionada reforma

electoral.

El Salvador. Durante el 2019 continuaron las agresiones, amenazas y falta de garantías para el trabajo

periodístico en El Salvador, a lo largo de las elecciones presidenciales el 3 de febrero se reportaron obstaculización

de coberturas y limitaciones al acceso a la información en cuanto a lo que se refiere a la falta de debates y entrevistas

de algunos candidatos a los comicios. La Relatoría Especial ha manifestado su preocupación frente a diferentes

declaraciones estigmatizantes, campañas de difamación en redes sociales contra comunicadores por parte de altas

autoridades públicas contra trabajadores de la prensa y medios de comunicación, lo que habilita el acoso por razón

de género hacia mujeres periodistas.

Asimismo, se registraron restricciones en el acceso a periodistas de algunos medios en conferencias de prensa,

bloqueos en coberturas periodísticas y restricciones a interrogantes de periodistas investigativos. Medios

independientes denunciaron inspecciones selectivas a sitios críticos con el gobierno actual, vulneraciones que se

consolidan como indicadores contrarios a la creación de un ambiente propicio para el desarrollo normal del ejercicio

periodístico en el país.

Estados Unidos. En Estados Unidos se continúa observando un contexto de hostilidad hacia el ejercicio del

periodismo y el libre funcionamiento de los medios de comunicación. Las constantes declaraciones de descalificación

periodistas y medios de comunicación también por parte de partidarios del gobierno. Se han producido agresiones

a la prensa durante protestas y manifestaciones, en particular dos periodistas fueron heridos con balines de goma

durante las protestas que exigían la renuncia del exgobernador en Puerto Rico.

periodistas revelen sus fuentes o se presenten en calidad de testigos sobre hechos que han reportado o investigado.

En particular, preocupa a la Relatoría los cargos presentados bajo la ley de espionaje en contra de Julian Assange por

la publicación de ͞secretos gubernamentales", y el allanamiento de la casa de un periodista en San Francisco, en la

búsqueda de sus fuentes. Sin perjuicio de lo anterior, la Relatoría Especial destaca los avances en las esfera judicial

y legislativa, tanto en el ámbito federal como estatal, las cuales han adoptado decisiones favorables que protegen a

la libertad de expresión, así como propuestas de iniciativas legislativas que buscan proteger y garantizar dicho

derecho.

Granada. Durante el 2019 en Granada se han reportado casos de hostigamiento y restricciones a la

cobertura de denuncias realizadas por comunicadores. Un ejemplo de ello es el hostigamiento por parte de

autoridades del gobierno a periodistas, al momento de realizar preguntas en conferencias de prensa, incluyendo

ataques físicos y amenazas.

Guatemala. Los medios de comunicación y periodistas se enfrentaron a un escenario hostil durante 2019,

caracterizado por la persistencia de campañas de estigmatización contra la prensa por parte de altas autoridades,

en especial contra las y los periodistas que investigan casos de corrupción y abusos de poder por parte de seguidores

de sectores que se oponían a la permanencia de la CICIG en el país. Este panorama se profundizó durante el contexto

electoral y desató distintos tipos de ataques contra la prensa y candidatos políticos que se articularon a través de las

redes sociales, hackeo de cuentas, difamación, discursos de incitación al odio, así como discriminatorios o sexistas.

La CIDH también observó con preocupación el estado de excepción impulsado por el gobierno y la restricción al

derecho de manifestación y la protesta, contexto dentro del cual se registraron incidentes contra la prensa.

Por otro lado, preocupa a la CIDH y su Relatoría Especial la falta de avances en relación con la puesta en marcha de

mecanismos de protección para la protección de los comunicadores y medios de comunicación, así como como el

debilitamiento institucional del Archivo Histórico de la Policía.

Guyana. El gobierno de Guyana anunció en 2018 que trabajaría para disminuir las penas respecto del delito

de difamación aún vigente en el ordenamiento jurídico, no obstante, durante el 2019 se habrían registrado múltiples

denuncias por esta figura. En este contexto, la Ministra de Telecomunicaciones Públicas demandó al sitio informativo

Stabroek News y a su columnista Anand Goolsarran, por supuesta difamación en relación a una investigación sobre

conflictos de intereses y corrupción. El abogado principal del gobierno de Guyana, también utilizó la figura de

difamación para demandar al periódico Kaieteur News en relación con una información presuntamente errónea que

habría sido rectificada. Según información recibida por esta Relatoría Especial, el gobierno de Guyana estaría

utilizando la asignación de publicidad oficial como una herramienta para premiar y castigar a medios de

comunicación de acuerdo a su línea editorial.

Haití. La Relatoría Especial ha tomado nota con preocupación sobre el asesinato de los periodistas Petion

Rospide y Nehemie Joseph y la falta de identificación y sanción de los perpetradores. También se reportaron ataques

y agresiones a medios y periodistas durante 2019, lo que ha levantado dudas respecto a la protección para el

ejercicio del derecho a la libertad de expresión en Haití. Asimismo, la Relatoría ha registrado el excesivo uso de la

fuerza al momento de reprimir y dispersar las protestas que estallaron por la crisis política y los hechos de corrupción

vinculados a Petrocaribe, así como falta de estadísticas sobre muertes y detenciones en este contexto.

Honduras. Durante 2019 se produjeron protestas ciudadanas, impulsadas por los gremios de la educación

y la salud en diversas ciudades de Honduras, que fueron apoyadas por amplios sectores de la población. Aunque las

manifestaciones desarrollaron pacíficamente, también ocurrieron episodios de violencia. La Relatoría Especial

observó con preocupación un uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado -policiales

y militares- en la represión de las protestas, que derivó en muertes, detenciones y heridos. Por otro lado, la

persistencia de elevados niveles de violencia contra periodistas y la impunidad de la mayor parte de los crímenes

continúa siendo un grave problema para el ejercicio del periodismo y del derecho a la libertad de expresión. Durante

2019 se reportaron al menos 6 asesinatos de comunicadores que podrían estar vinculados con el ejercicio del

periodismo, y que aún no han sido identificados sus autores materiales o intelectuales. Además, numerosos

comunicadores y periodistas abandonaron el país a raíz de amenazas. También fue objeto de especial preocupación

la persistencia del uso del derecho penal para castigar a comunicadores, siendo de particular gravedad la condena a

10 años de prisión contra un periodista por la comisión de delitos de injurias.

Jamaica. La Relatoría Especial ha observado que el municipio de St. James se ha impedido la realización de

una serie de eventos en un edificio de propiedad estatal, en el marco de las celebraciones de la comunidad LGBTIQ

en el país. Además, altas autoridades han realizado declaraciones estigmatizantes con respecto a comunicadores y

medios de comunicación.

Durante 2019, se registraron varios intentos de llevar a cabo reformas legales que podrían afectar el ejercicio a la

libertad de expresión. Sobre el particular, se ha modificado la Ley de Administración y Justicia Penal [Criminal Justice

and Administration Act], aumentando las sanciones para quienes tomen fotografías a las personas privadas de

libertad. Además, se ha propuesto la modificación de la Ley de Acceso a la Información Pública [Access to Information

Act], para aumentar de 20 a 70 años el período en el cual los documentos del gabinete están exentos de ser

divulgados. La Relatoría Especial destaca el rol que cumplieron las organizaciones de la sociedad civil para evitar que

ello ocurriera.

México. Durante el 2019 los periodistas de México siguieron enfrentando una crisis de violencia que segó

la vida de 11 comunicadores. El ataque contra los periodistas persiste, agravada por la falta de consecuencias legales

expresadas en la impunidad de estos crímenes. La respuesta del gobierno para implementar mejoras y proveer de

más recursos para el mecanismo de protección parecen insuficientes frente a la magnitud de la violencia contra

periodistas y defensores de derechos humanos. De acuerdo a las recomendaciones hechas por la Relatoría Especial

en el ͞Informe Especial sobre la Situación de la Libertad de Edžpresión en MĠdžico", despuĠs de la ǀisita in loco el 2017,

esta Oficina tomó nota sobre la evaluación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos

Humanos y Periodistas solicitada a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos

Humanos (OACNUDH) por el actual gobierno), lo que se presenta como una valiosa oportunidad para mejorar

distintos aspectos del mecanismo de protección. Asimismo, esta oficina ve con preocupación, el incremento de

declaraciones estigmatizantes de parte de altas las autoridades públicas contra integrantes de la prensa, lo que

promueve la práctica del acoso masivo en redes sociales, como lo han reportado diferentes organizaciones y medios

de comunicación.

Nicaragua. Durante 2019, Durante 2019, el gobierno de Nicaragua prosiguió adoptando acciones represivas

dirigidas a restringir de manera sistemática el ejercicio de la protesta, el ejercicio del periodismo independiente y el

accionar de las y los defensores de derechos humanos. En ese contexto, los principales periodistas del país debieron

permanecer varios meses en el exilio y las redacciones y equipos de los medios privados Confidencial, Niú, Esta

Semana y Esta Noche, y de 100% Noticias fueron confiscados y no fueron restituidos al finalizar el año. El gobierno

también mantuvo un férreo control editorial sobre los medios estatales, y respecto al duopolio de la televisión

privada. A lo que se suma que la asignación de publicidad oficial es destinada exclusivamente a los medios de

comunicación oficialistas y a los de la familia gobernante. Adicionalmente, la Relatoría Especial observa que el

Ejecutivo a través de la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) controla la importación y entrega de papel,

maquinaria, equipos y repuestos para los medios de comunicación escritos, radiales y televisivos; en este contexto

los periódicos LA PRENSA, el periódico Hoy, El Nuevo Diario y Metro denunciaron serias restricciones para circular,

al punto que en septiembre los periódicos Metro y El Nuevo Diario anunciaron el cierre, así como la edición impresa

del suplemento satírico semanal El Azote.

El 11 de junio, los periodistas Lucía Pineda y Miguel Mora fueron excarcelados bajo la Ley de Amnistía, después de

permanecer casi 6 meses detenidos tras ser acusados por presuntos delitos de terrorismo e incitación al odio. Según

la información disponible, la acusación en su contra continuaría vigente a pesar de que el juicio habría sido

suspendido. Por otra parte, se registró un continuo hostigamiento y vigilancia contra periodistas y medios

identificados como opositores, así como otras formas de agresión, sobre todo es las ciudades de Bluefields, León,

Masaya y Matagalpa.

La Relatoría observa con suma preocupación la situación de impunidad que se encontrarían los graves crímenes

cometidos contra periodistas y medios de comunicación en el contexto de las protestas sociales de 2018. Según lo

informado, debido a la aplicación de la Ley de Amnistía, aprobada en junio de 2019, las investigaciones relacionadas

a estos delitos habrían sido archivadas. Así, por ejemplo, fue informado que las investigaciones sobre el incendio de

Radio Darío, y el asesinato del periodista Ángel Gahona habrían sido archivadas.

Panamá. Durante 2019, la Relatoría Especial observó un uso constante de procedimientos penales y civiles

en contra de periodistas y medios de comunicación que investigan y publican hechos de presunta corrupción lo que

podría generar un clima autocensura para la prensa. En esta línea, esta Oficina ha contabilizado alrededor de 40

directores, periodistas y personal de prensa con procesos judiciales. Asimismo, se ha tomado nota de la vigencia del

artículo 195 del Código Penal que sanciona con pena privativa de la libertad, o su equivalente en días multa, los

delitos de injuria y calumnia cuando éstos sean cometidos a través de un medio de comunicación social oral o escrito,

o utilizando un sistema informático. Además, no existiría límite para las reclamaciones de indemnización civil por

estas causas.

Paraguay. Durante 2019, la Relatoría Especial observó un contexto de polarización política en Paraguay que

provocó el desarrollo de protestas sociales, en las que se produjeron incidentes entre los manifestantes y los agentes

de la seguridad del Estado, así como agresiones contra periodistas que daban cobertura. Esta Oficina documentó la

construcción de un discurso de las altas autoridades del Estado que busca deslegitimar las protestas contra el

gobierno y vincularlas con supuestos planes de desestabilización. Llama la atención el aumento de amenazas,

intimidaciones, agresiones y acciones legales dirigidas a criminalizar la labor de periodistas que difunden información

de alto interés público. Igualmente, la Relatoría Especial observó con preocupación los despidos de periodistas de

medios de comunicación. Por último, esta Oficina destaca los avances en la protección del derecho de acceso a la

información, aunque observó reformas normativas que podrían resultar regresivas en este ámbito.

Perú. Durante 2019, la Relatoría Especial ha tomado nota sobre el uso constante de hostigamiento judicial

hacia el periodismo de investigación en Perú a través de figuras del derecho penal (calumnia, injuria y difamación)

como mecanismo para presionar a periodistas y comunicadores, lo que podría tener un efecto inhibitorio. Entre

otros casos se destacan varias acciones penales concertadas contra los periodistas Paola Ugaz, Pedro Salinas y del

sitio Ojo Público.

Asimismo, la remoción del director del Instituto Nacional de Radio y Televisión (IRTP) despertó preocupación en

periodistas y organizaciones como un posible intento de mayor influencia gubernamental de los medios públicos.

Además, la Relatoría Especial recibió información sobre proyectos de ley presentados en el Congreso que buscarían

establecer controles estatales sobre la información y condicionamientos a la prensa, así como otros intentos para

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