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CONSTITUCION POLITICA DEL AÑO 1979.

Decreto Supremo 000, Registro Oficial 800 de 27 de Marzo de 1979.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La decisión del Gobierno de las Fuerzas Armadas, ejercido por el Consejo Supremo, de conducir al país al régimen constitucional y de restituir a los elementos militares a su

noble y específica misión de preservar la soberanía nacional y defender la integridad y la independencia del Estado, exigía la selección de un método, de un camino que llevase al país a la realización de aquel objetivo. Ese camino fue señalado en el plan de reestructuración jurídica dado a conocer como definitivo por el Consejo Supremo de Go

bierno; plan que, aunque se apartaba de la tradición de nuestro derecho constitucional y ofrecía peligros y vacíos notorios, fue de

todas maneras, aceptado por las fuerzas políticas y por la opinión pública, en el afán de

tratar de sentar las bases de un nuevo Estado progresista, sólido y liberado de seculares vicios para conducir la República hacia un régimen estable capaz de cumplir los profundos anhelos de justicia y de libertad del pueblo ecuatoriano.

El primer plazo del plan fue la designación de comisiones encargadas, la una de introducir las necesarias reformas a la Constitución de 1945, acogida por el Consejo

Supremo como marco de su acción gubernativa, y la otra de formular una nueva Constitución para que una de ellas sea elegida por la ciudadanía en un acto plebiscitario o referéndum, institución acogida por primera vez en el Ecuador, por lo menos con los caracteres singulares fijados en el plan, pues la ocasión en que se la utilizó en el siglo

pasado fue con el fin de robustecer, mediante el voto popular directo, una carta política dictada por una asamblea constituyente.

La primera Comisión, con cuya presidencia he sido honrado, y cuyos miembros aceptamos la designación gubernativa con plena conciencia de lo arduo y conflictivo de la tarea encomendada, pero a la vez del imperativo patriótico de contribuir a la

instauración de un régimen de derecho, ha cumplido su misión y pone hoy en vuestras manos, señores Miembros del Consejo Supremo, el texto de la nueva Constitución que

será sometido a examen y decisión de los ciudadanos. En ella, pese a la natural diferencia de orientación doctrinaria de los comisionados, figuran normas de acción pública y de gobierno que permiten y estimulan, lealmente aplicadas, el impulso progresivo del país, corrigiendo los vicios de nuestra todavía

incipiente democracia y enfrentando los complejos problemas socio - económicos, conducir a nuestra patria hacia una era de libertad responsable y de justicia social, que

son algo así como el denominador común de los partidos políticos que actúan en el país

y que interpretan las aspiraciones de nuestro pueblo. Nuestro proyecto establece un parlamento ágil y eficaz, un ejecutivo fortificado con

plena capacidad de gobernar, una función jurisdiccional en capacidad de realizar una oportuna justicia en los conflictos sometidos a su decisión, y una organización

planificada de la economía nacional. Es preciso que todos los ecuatorianos, gobernantes y gobernados, alentemos un sano y prudente optimismo en las virtualidades de la nación ecuatoriana para realizar, sobre la dura experiencia secular, un Estado sólido, justiciero, firmemente resuelto a corresponder a las aspiraciones del pueblo ecuatoriano, La mayoría de los comisionados consideró necesario establecer, en disposición transitoria del proyecto, su vigencia a partir de la fecha de posesión del Presidente elegido de acuerdo a las normas del mismo. La minoría, en la cual se cuenta quien os dirige estas palabras, estimó que la Constitución, una vez aprobada en el referéndum, debía regir de inmediato, especialmente en la parte dogmática, para que el Gobierno, tornado en régimen interino por efecto de la voluntad ciudadana, lleve adelante la plena reestructuración jurídica del Estado conforme a solemne compromiso que ha contraído con el pueblo ecuatoriano. De todas maneras la Comisión abriga la confianza de que el Gobierno de las Fuerzas Armadas tiene la sensibilidad necesaria para conducir adecuadamente el proceso constitucionalista, y las fuerzas políticas y sociales la necesaria valoración y comprensión de la hora hondamente compleja que vive el Ecuador en el contexto americano y mundial.

Dr. CARLOS CUEVA TAMARIZ

Presidente de la Primera Comisión

PREAMBULO

EL PUEBLO DEL ECUADOR, EN EJERCICIO DE SU SOBERANIA, EXPIDE Y SANCIONA,

MEDIANTE REFERENDUM, SU CONSTITUCION.

TITULO PRELIMINAR

Art. 1.- El Ecuador es un Estado soberano" independiente, democrático y unitario. Su gobierno es repúblicano, electivo, responsable y alternativo. La soberanía radica en el pueblo que la ejerce por los órganos del poder público. El idioma oficial es el castellano. Se reconocen el quichua y demás lenguas aborígenes como integrantes de la cultura nacional. El escudo, la bandera y el himno establecidos por la ley, son los símbolos de la

Patria.

El territorio es inalienable e irreductible.

La capital es Quito.

Art 2.- Es función primordial del Estado fortalecer la unidad nacional, asegurar la vigencia de los derechos fundamentales del hombre y promover el progreso económico, social y cultural de sus habitantes. Art. 3.- El Estado ecuatoriano acata los principios del derecho internacional; proclama la Igualdad jurídica de los Estados; propugna la solución pacífica de las controversias entre naciones y la asociación de Estados con miras a la cooperación y a la integración económico - social de sus pueblos, especialmente, con los iberoamericanos, a los que se halla unido por vínculos de solidaridad e interdependencia, nacidos de su identidad de origen y cultura. Art. 4.- El Estado ecuatoriano condena toda forma de colonialismo, neocolonialismo y de discriminación o segregación racial. Reconoce el derecho de los pueblos a liberarse de estos sistemas opresivos.

PRIMERA PARTE

TITULO I

DE LOS ECUATORIANOS Y DE LOS EXTRANJEROS

SECCION I

De la nacionalidad

Art. 5.- Los ecuatorianos lo son por nacimiento o por naturalización.

Art. 6.- Es ecuatoriano por nacimiento:

1. el nacido en el territorio nacional;

2. el nacido en territorio extranjero;

a) de padre o madre ecuatorianos por nacimiento que estuvieren al servicio del Ecuador o de un organismo internacional, si no manifiesta voluntad contraria; b) de padre o madre ecuatorianos por nacimiento que se domiciliare en el Ecuador o manifestare su voluntad de ser ecuatoriano, entre los 18 y 21 años de edad.

Art. 7.- Es ecuatoriano por naturalización:

1. quien hubiere obtenido la nacionalidad ecuatoriana por haber prestado servicios

relevantes al País;

2. quien hubiere obtenido la carta de naturalización; y,

3. quien hubiere sido adoptado como hijo por ecuatorianos mientras sea menor de

edad. Conserva la nacionalidad ecuatoriana si entre los 18 y 21 años expresa su voluntad de mantenerla. Art. 8.- Ni el matrimonio ni su disolución alteran la nacionalidad de los cónyuges. Art. 9.- Los españoles e iberoamericanos de nacimiento que se domicilien en el Ecuador son considerados ecuatorianos por naturalización, sin perder su nacionalidad de origen, si manifiestan su expresa voluntad de serlo y los Estados correspondientes aplican un régimen de reciprocidad. Art. 10.- Quien tiene la nacionalidad ecuatoriana al expedirse la presente

Constitución, continúa en goce de ella.

Art. 11.- La nacionalidad ecuatoriana se pierde:

1. por traición a la Patria, declarada legalmente;

2. por adquisición voluntaria de otra nacionalidad, salvo lo dispuesto en el Art. 9;

3. por cancelación de la carta de naturalización; y,

4. en los demás supuestos determinados en la ley.

La nacionalidad ecuatoriana se recupera conforme a la ley.

SECCION II

De la ciudadanía

Art. 12.- Son ciudadanos los ecuatorianos mayores del 18 años. Art. 13.- Los derechos de ciudadanía se suspenden:

1. por interdicción judicial, salvo el caso de insolvencia o quiebra fortuitas;

2. por sentencia que condene la pena privativa de libertad, mientras dure aquélla,

salvo el caso de contravención;

3. en los demás casos determinados por la ley.

SECCION III

De la condición jurídica de los extranjeros

Art. 14.- Los extranjeros gozan, en general, de los mismos derechos que los ecuatorianos, con las limitaciones establecidas en la Constitución y en la Ley. Los extranjeros están excluidos del ejercicio de los derechos políticos. Art. 15.- El Estado fomenta y facilita la inmigración selectiva. Exige que los extranjeros se dediquen a las actividades para las que estuvieren autorizados. Art. 16.- Los contratos celebrados por el Gobierno o por entidades públicas con personas naturales o jurídicas extranjeras, llevan implícita la renuncia a toda reclamación diplomática; si tales contratos fueren celebrados en el territorio del Ecuador, no se puede convenir la sujeción a una jurisdicción extraña. Art. 17.- Con arreglo a la Ley y a los convenios internacionales, el Estado garantiza a los extranjeros el derecho de asilo. Art. 18.- Las personas naturales o jurídicas extranjeras ni directa ni indirectamente pueden adquirir o conservar el dominio u otros derechos reales sobre bienes inmuebles, ni arrendarlos, obtener el uso de aguas, establecer industrias, explotaciones agrícolas, domicilio civil o residencia, ni celebrar contratos sobre recursos naturales no renovables y en general sobre productos del subsuelo y todos los minerales o sustancias cuya naturaleza sea distinta de los del suelo, en una faja de 50 kilómetros medida hacia el interior de la línea de frontera o de las playas de mar, ni en el territorio insular, salvo que en cualquiera de estos casos se obtuviera la autorización correspondiente que prevé la ley. En las áreas que el organismo o competente califique de áreas o zonas reservadas no puede concederse ninguna autorización al respecto. Puede adquirir el dominio de bienes raíces o realizar actividades lucrativas en otra parte del territorio nacional, previa la correspondiente autorización de conformidad con la ley.

TITULO II

DE LOS DERECHOS, DEBERES Y GARANTIAS

SECCION I

De los derechos de la persona

Art. 19.- Toda persona goza de las siguientes garantías:

1. la inviolabilidad de la vida, la integridad personal y el derecho a su pleno

desenvolvimiento material y moral. Quedan prohibidas las torturas y todo procedimiento inhumano o degradante.

No hay pena de muerte.

El sistema penal tiene por objeto lograr la reeducación, rehabilitación y reincorporación, social de los penados;

2. el derecho a la libertad de opinión y a la expresión del pensamiento por cualquier

medio de comunicación social, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal, por los abusos que se incurra en su ejercicio, de conformidad con lo previsito en la ley; en cuyo caso, los representantes de los medios de comunicación social no están amparados por inmunidad o fuero especial;

3. el derecho al honor y a la buena reputación. Toda persona que fuere afectada por

afirmaciones inexactas o agraviada en su honor, por publicaciones hechas por la prensa u otros medios de comunicación social, tiene derecho a que éstos hagan la rectificación correspondiente en forma gratuita;

4. la igualdad ante la ley.

Se prohíbe toda discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión,

filiación, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen social, posición económica

o nacimiento. La mujer, cualquiera sea su estado civil, tiene iguales derechos y oportunidades que el hombre en todos los órdenes de la vida pública, privada y familiar, especialmente en lo civil, político, económico, social y cultural;

5. la libertad de conciencia y la de religión, en forma individual o colectiva, en

público o privado. Las personas practican libremente el culto que profesen, con las únicas limitaciones que la ley prescriba para proteger la seguridad, la moral pública o los derechos fundamentales de las demás personas;

6. la inviolabilidad del domicilio.

Nadie puede penetrar en él ni realizar inspecciones o registros, sin la autorización de la persona que en él habita o por orden judicial, en los casos y forma que establece la ley;

7. la inviolabilidad y el secreto de la correspondencia.

Sólo puede ser ocupada, abierta y examinada en los casos previstos por la ley. Se guarda secreto de los asuntos ajenos al hecho que motivare su examen. El mismo principio se observa con respecto a las comunicaciones telegráficas, cablegráficas y telefónicas. Los documentos obtenidos con violación de esta garantía no hacen fe en juicio;

8. el derecho a transitar libremente por el territorio nacional y de escoger su

residencia. La ley establece las restricciones indispensables para proteger la seguridad nacional. Los ecuatorianos gozan de libertad para entrar y salir del Ecuador. En cuanto a los extranjeros, se está a lo dispuesto en la ley;

9. el derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades, pero en ningún caso a

nombre del pueblo, y a recibir la atención o repuestas pertinentes y en el plazo adecuado, conforme a la ley;

10. la libertad de trabajo, comercio e industria, con sujeción a la ley.

Ninguna persona puede ser obligada a realizar un trabajo gratuito o forzoso, salvo las excepciones previstas en la ley;

11. la libertad de contratación.

La ley regula las limitaciones de este principio y lo relativo a la revisión de los contratos para evitar el enriquecimiento injusto y mantener la equidad en las relaciones contractuales;

12. el derecho de asociación y libre reunión con fines pacíficos;

13. el derecho a un nivel de vida que asegure la salud; la alimentación, el vestido,

la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios;

14. el derecho a guardar reserva sobre sus convicciones políticas y religiosas. Nadie

puede ser obligado a declarar sobre ellas, sino en los casos previstos en la ley;

15. el derecho a participar en la vida cultural de la comunidad

16. la libertad y seguridad personales. En consecuencia:

a) Prohíbense la esclavitud o la servidumbre en todas sus formas; b) ninguna persona puede sufrir prisión por deudas, costas, honorarios, impuestos, multas ni otras obligaciones, excepto el caso de alimentos forzosos; c) nadie es reprimido por acto u omisión que en el momento de cometerse no estuviere tipificado ni reprimido como infracción penal, ni puede aplicársele una pena no prevista en la ley. En caso de conflicto de dos leyes penales, se aplica la menos rigurosa, aun cuando fuere posterior a la infracción. En caso de duda, la ley penal se aplica en el sentido más favorable al reo; d) ninguna persona puede ser distraída del juez competente ni juzgada por, tribunales de excepción o por omisiones especiales creadas al efecto, cualquiera fuese su denominación; e) nadie puede ser penado sin juicio previo ni privado del derecho de defensa, en cualquier estado y grado del proceso; f) nadie puede ser obligado a declarar en juicio penal contra su cónyuge o sus parientes dentro del cuarto grado de consan guinidad o segundo de afinidad, o compelido a declarar con juramento, en contra de si mismo en asuntos que puedan ocasionarle responsabilidad penal; g) toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su culpabilidad; h) nadie es privado de su libertad sino en virtud de orden escrita de autoridadquotesdbs_dbs6.pdfusesText_12